Si el agua se convierte en un sn servicio comercial (capítulo 11, comercio y servicios), las empresas extranjeras pueden demandar al estado costaricense cuando sientan que sus inversiones se ven afectadas.

Veamos un ejemplo de algo que sucedió sin el TLC:

Demandas de empresa privada al estado costarricense: el Caso Harken (sin el TLC)

- Esta empresa petrolera obtuvo concesión en el Caribe
- El proyecto no fue consultado a comunidades ni a indígenas
- SETENA (la Secretaría Técnica Ambiental) determinó que el proyecto no podía operar porque se incumplían las protecciones al ambiente
- El gobierno declaró nula la concesión
- La empresa Harken presentó demanda

* Como no se había firmado el TLC el gobierno dijo que no aceptaba el arbitraje privado por ser un asunto ambiental que se defendía con las leyes nacionales

El caso está aún en juicio. Si el TLC hubiera estado aprobado, se habría resuelto en un arbitraje privado con altos costos para el estado (abogados especializados, trámites etcétera) y su resolución no dependería de la aplicación de nuestras leyes.

Por ejemplo, en Guanacaste, el estado ahora podría revocar concesiones a los hoteles por hacer uso indebido del agua regando canchas de golf... pero si pasa el TLC no se podrá hacer esto en tribunales nacionales.

¿Qué pasaría si se aprueba el TLC?

En el TLC establecieron lo contrario. Costa Rica se obliga a someterse a estos arbitrajes privados cada vez que un inversionista lo solicite según el capítulo 10 del régimen de solución de controversias. A través de este régimen se permite que las empresas cuestionen políticas del estado en arbitrajes conformados por abogados comerciales que pueden estar relacionados con las mismas empresas.

- El problema es que estas demandas inhiben a los países pobres a reclamar sus derechos.

- La sola amenaza de ser sometido a estos juicios es una presión suficiente para que el estado eche para atrás en sus políticas sociales.

- El capítulo ambiental del TLC está lleno de contradicciones, de nada concreto que permita mitigar los efectos de estas normas.

¿Qué pasa en México con el TLC?

Se han dado más de 45 demandas de inversionistas contra gobiernos locales e instituciones

Solo un ejemplo: el Caso Metalclad Co. vs Gobierno de México (ver estudio amplio de casos mexicanos)

La municipalidad local -escuchando a la comunidad- negó el permiso para hacer un botadero de desechos tóxicos. Esa decisión fue lleva a los tribunales privados y se condenó a México a pagar más de 17 millones de dólares. El juicio fue en Canadá y se apeló la condena, se mantuvo por más de 15 millones de dólares. El estado mexicano trasladó el cobro a la municipalidad, hubo un fallo que impidió ese traslado. México tuvo que pagar ese monto.