Eso lo dijo Oscar Arias.

A pesar de que la Presidencia de la República, en clara contraposición a la supuesta "transparencia" de la que tanto habla, se negó a dar información sobre una "donación" de $2 millones, el BCIE confirmó la existencia de este dinero.  

Estos fondos son de "naturaleza privada" insiste el gobierno, y se gastaron principalmente en "asesorías".  Y empieza a destaparse el tamal...

A nuestro ya conocido amigo, el Diputado José Manuel Echandi, parece que no le bastaron los nueve asesores que le paga la Asamblea Legislativa, por lo que la Presidencia gentilmente usó los fondos del BCIE para facilitarle dos más.  Echandi dice haber hablado con el Presidente del BCIE y extesorero del PLN Alfredo Ortuño, para ver si "se podía ayudar a alguna persona".   

Dentro de la lista también aparecen destacados personajes de la administración de Abel Pacheco, como la exvicepresidenta Linneth Saborío, el exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Mario Redondo (y ligado ya a un fracasado plan de este gobierno) y el exasesor Pablo Ureña.

Y el área de comunicación en Casa Presidencial no se queda atrás...  nombrados con esta plata están también Mishelle Mitchell que ya había dicho que el BCIE le pagaba, Mimí Prado, Norman Chacón, y Alejandro Trejos, administrador del sitio web oficial de la Alianza del Sí en el pasado referéndum.

Chacón había manifestado que no recibían un cinco:

 Chacón manifestó ayer que tanto él como Prado le brindan asesoría al
Presidente, pero sin cobrar salario. “Es una cuestión de amistad y
simpatía. Yo conozco a don Óscar desde hace ya muchos años”, dijo
Chacón.

Este es el mismo grupo que ha estado pautando anuncios de "rendimiento de cuentas" que son básicamente anuncios de campaña para Laura Chinchilla, dónde se muestra ella visitando comunidades indígenas, dando discursos, etc y que ya están armando toda la estructura para la campaña chinchillista, hasta los nombres de dominio y "blogs no oficiales".

En la lista figuran también otros exdiputados del PLN, el Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, y otras personas supuestamente "nombradas ad honórem".

¿En qué más se habrá utilizado este dinero? ¿Qué funciones han cumplido estas personas en Casa Presidencial?  ¿Considera el gobierno que éstas personas son funcionarios públicos, o se escudarán en el origen privado de los fondos para hacer y deshacer a su antojo?

Mientras tanto, en la Asamblea le suben el calor al escándalo.  Ya se anuncian solicitudes para que el Ministro de la Presidencia y sus subalternos declaren en la Asamblea, y se anuncian acciones ante el Ministerio Público.